El presunto agresor, que aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, también habría realizado transferencias no consentidas desde el celular de la víctima.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a William Sarria Ruíz por su presunta responsabilidad por atacar a su expareja sentimental en hechos registrados el pasado 4 de enero, en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.

El hombre ingresó al conjunto residencial y, haciéndose pasar como vigilante, persuadió a la víctima para que abriera la puerta de la vivienda e inmediatamente le propinó un golpe en la cara que la hizo caer al suelo. Luego, la amenazó de muerte, obligó a quitarse la ropa y abusó sexualmente, mientras la mantenía amarrada de manos con un cable.

Las evidencias dan cuenta de que el señalado agresor aprovechó el estado de indefensión de la mujer para inspeccionar el inmueble y apoderarse de varios objetos de valor. Asimismo, ingresó de manera irregular al celular de su expareja y realizó transferencias por dos millones de pesos a su billetera virtual.

En el curso de la investigación se conoció que la víctima soportó un ciclo de violencia reiterado por parte de Sarria Ruiz, durante los seis meses que duró la relación sentimental.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado.

El procesado aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

AMCJ/JARG/JESM/DSB/

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.