El imputado fue capturado en Sincelejo por uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Sucre.
Labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a Jairo Alexánder Gutiérrez Barreto por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa agravada, simulación de investidura o cargo, uso de documento público falso y amenazas.
Los hechos que originaron la investigación se presentaron en abril de 2023 cuando el hoy capturado haciéndose pasar como funcionario de la Fiscalía y a través de engaños le habría asegurado a una ciudadana que podía obtener un vehículo en remate de una entidad pública por un valor más económico.
La investigación liderada por un fiscal de la Seccional Sucre estableció que el procesado llevó a la persona afectada hasta Barranquilla (Atlántico), y después de que esta le entregara 22 millones de pesos por el automotor, nunca se lo habría entregado.
Gutiérrez Barreto presuntamente simuló ser fiscal e Investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el objetivo ganarse la confianza de la víctima y poder realizar la acción delictiva, para esto utilizaba prendas de uso institucional como chalecos antibalas y armas de fuego traumáticas.
La víctima al conocer que fue engañada presentó la denuncia respectiva en contra del imputado y éste, al parecer, la amenazó de muerte.
Servidores del CTI materializaron la captura del imputado en Sincelejo (Sucre). En el procedimiento judicial se le incautó un arma traumática, un proveedor y 15 cartuchos para la misma.
VHGB/AMCJ/DB/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
