La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juzgado penal de control de garantías a Brayan Andrés Robayo Collazos, quien habría sido sorprendido en un inmueble de Buenaventura (Valle del Cauca) con armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas, el pasado 20 de diciembre.
Un fiscal seccional le imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo, de uso restringido, de las Fuerzas Armadas, agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas, además de uso de menores para la comisión de delitos.
En audiencias concentradas el procesado no aceptró cargos y por disposición judicial le fue impuesta detención preventiva en centro carcelario.
El hombre fue capturado en flagrancia durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas por unidades de la Armada Nacional con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía a viviendas en la vereda La Esperanza del Bajo Calima.
En el operativo judicial le fueron incautados dos fusiles, dos pistolas, 134 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de mortero, dos minas antipersona, 37 detonadores eléctricos, dos radios de comunicaciones y propaganda alusiva a las disidencias de las Farc.
En el lugar fueron rescatados dos menores de edad 14 y 16 años, uno de ellos aparecía como víctima en una investigación que se adelanta por reclutamiento ilícito. Los dos jóvenes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
JGPV/AMCJ/AICR/DSV/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
