En Europa fueron detenidas dos personas más que presuntamente financiaron los desplazamientos y con intimidaciones obligaron a la víctima a ejercer actividades sexuales.
La Fiscalía General de la Nación en articulación con autoridades españolas afectó una red que estaría involucrada en la captación de mujeres en Colombia para ser explotadas sexualmente en Bilbao y Málaga (España).
Ante un juez penal de control garantías de Pereira (Risaralda) fue presentado e imputado por el delito de trata de personas Juan Manuel Vásquez Tamayo, uno de los integrantes de la red delictiva.
Los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que el hoy procesado en marzo de 2025, al parecer, ofreció a una compañera de trabajo una oferta laboral estable en un restaurante que pretendía abrir una familiar en España.
A la víctima de 23 años le fueron facilitados los documentos para el viaje, tiquetes aéreos y dinero en efectivo para facilitar su paso en los puntos migratorios.
En Europa la víctima habría sido despojada de su pasaporte, notificada de una millonaria deuda, traslada a varios locales en donde fue explotada sexualmente y privada de su derecho a movilizarse. Esta situación se presentó entre octubre y noviembre del año anterior.
Vásquez Tamayo no aceptó el cargo imputado y fue privado de la libertad en centro carcelario. El operativo de captura fue realizado por la Policía Nacional en articulación con autoridades españolas.
Simultáneamente en España fue capturada y procesada una pareja que se encargaba de financiar el desplazamiento, recibir a la víctima y violar sus derechos.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/AMCJ/GJG/DECVHD
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
