La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre de 27 años por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

 Se visualiza al capturado junto a un investigador del CTI y un uniformado de la Policía Nacional. Detrás de ellos el banner que identifica a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional
El hombre es señalado de atentar contra la vida de su excompañera sentimental en Cúcuta el pasado mes de mayo.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo en vía pública del barrio La Ermita, en Cúcuta (Norte de Santander), cuando el procesado, utilizando un arma de fuego, habría atacado a su excompañera sentimental, con quien convivió durante dos años. La víctima resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde logró recuperarse días después.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque habría sido motivado por una discusión relacionada con la reclamación de algunos bienes que estaban en poder del procesado.

El hombre fue capturado el 12 de septiembre, durante un operativo de allanamiento y registro realizado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en el barrio La Conquista de esta ciudad, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados y le fue impuesta con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

 

 

 

 

 

MPHA/AMCJ/EDBC/DSNS

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.