Buscando generar un servicio integral, oportuno y eficaz, la Fiscalía General de la Nación en Magdalena, inauguró un nuevo Punto de Atención (PAF), en esta oportunidad en el municipio de El Retén, garantizando a la ciudadanía acceso a la justicia.
Los usuarios, quienes debían trasladarse a municipios circunvecinos, desde hoy con este espacio podrán adelantar e interponer las acciones judiciales que requieran, disminuyendo los tiempos de atención y generando confianza en la institución.
En esta sede, que está ubicada en la Alcaldía Municipal y tendrá atención entre semana de 8 a.m., a 12 p.m., y de 2 a 5 p.m., contará con una gestora fiscal para atender las denuncias de los ciudadanos que se consideren víctimas de algún delito.
Aquí se recibirán denuncias relacionadas con los delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones personales, estafas y hurtos, entre otros.
Su inauguración contó con la presencia del director seccional de Fiscalía Magdalena, Jhon Freddy Encinales Lota, el subdirector de Apoyo a la Gestión Regional Caribe, Guillermo León; la asesora de Fiscalías del Magdalena, Dra. Joaquina Miranda; la asesora de Atención al Usuario, Dra. Amalfi Sánchez, el Comandante de la Policía Nacional y autoridades de municipalidades aledañas.
Este PAF, que espera recibir a los habitantes de este municipio, se instaló bajo los lineamientos del Direccionamiento Estratégico implementado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para que la justicia llegue a las zonas más distantes y vulnerables del Magdalena, hablando con resultados en las calles y los territorios.
La Fiscalía habla con resultados.
SKCR/VHGB/JFEL/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.