Dos hombres fueron enviados a prisión porque, al parecer, cometieron actos sexuales contra menores de edad. En uno de los casos el procesado era el padrastro de la víctima.
La seccional Bolívar de la Fiscalía continúa sus acciones investigativas en contra de presuntos abusadores de menores de edad en el departamento de Bolívar.
En las últimas horas dos personas fueron enviadas a prisión por un juez de control de garantías, luego de que una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas (Caivas), presentara material probatorio suficiente para su judicialización.
El primero de los casos ocurrió entre agosto y octubre de 2017, cuando el hoy procesado, al parecer, aprovechaba en las noches que la mamá de la víctima dormía para entrar a su habitación y cometer toda clase de vejámenes. El presunto victimario era el padrastro de la menor.
Los hechos habrían ocurrido en la casa de la víctima, en Cartagena. Tras su captura el 8 de febrero en curso, por funcionarios del CTI, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el imputado no se allanó a cargos.
Por otra parte, un hombre no aceptó los cargos que le imputaron por acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso heterogéneo.
Según el ente investigador, el imputado el 16 de abril del año pasado ingresó al baño de la casa de la abuela de la víctima y en un descuido de la señora accedió carnalmente a la menor.
El hombre fue detenido con orden de captura expedida por el juzgado 12 penal municipal, el pasado 9 de febrero de 2022 por funcionarios del CTI en vía pública de Cartagena.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
VHGB/FAGH/JIQP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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