29 personas fueron presentadas ante jueces de control de garantías e imputadas por diferentes delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
9 de los investigados habrían prestado sus nombres para realizar diferentes maniobras comerciales, que sirvieron para legalizar recursos ilícitos del extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’, alias Nicolás.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, puso en marcha una ofensiva investigativa y judicial que permitió identificar y presentar ante jueces de control de garantías a 29 presuntos integrantes de redes dedicadas a ocultar los recursos ilícitos del ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachelly’, ‘Los Triana’, ‘Los Chatas’ y ‘El Mesa, que atentan contra la seguridad de los antioqueños.
“No nos podemos acostumbrar solamente a que nosotros capturemos las personas, las llevemos ante un juez y se les decrete una medida de aseguramiento. Para lograr la desarticulación y la disminución de delitos hay que quitarles la plata. Si la plata nosotros a estas organizaciones no se las quitamos, muy seguramente lo único que vamos a hacer es llevarlos a la cárcel, pero con el poderío del dinero”, señaló la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera.
En evidencia red al servicio del ‘Clan del Golfo’
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos puso en evidencia a nueve personas que harían parte de una organización señalada de realizar diferentes maniobras comerciales para dar apariencia de legalidad a los dineros que el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, obtuvo por el tráfico trasnacional de estupefacientes.
Los posibles integrantes de esta red ilegal habrían prestado sus nombres para constituir empresas relacionadas con los sectores de la construcción e inmobiliario, turístico y hotelero, administración de personal y de servicios de consultoría. De esta manera, al parecer, blanquearon más de 80.025 millones de pesos entre 2014 y 2023.
En el curso de la investigación se acreditó que los presuntos implicados no tenían la capacidad financiera ni realizaban una labor económica estable que justificara las millonarias transacciones y movimientos que se les atribuye.
En ese sentido, la Fiscalía les imputó, de acuerdo con la posible participación en los hechos, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
A finales de diciembre de 2023, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en más de 420.000 millones de pesos, que pertenecerían a esta organización delictiva.
Las diligencias de ocupación se realizaron en Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía (Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubaral y Acacías (Meta).
Caen 11 señalados integrantes de ‘El Mesa’
La Fiscalía logró la judicialización de 11 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘El Mesa’, red involucrada en homicidios, tráfico de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas en Bello (Antioquia); y algunos municipios de Cundinamarca, Boyacá, Sucre y Vaupés.
Se trata de Ana Milena Vallejo Vanegas, María Nora Alba Echeverri Vallejo, Jessica Alejandra Uribe Vallejo, Erika Viviana Zabala Bastidas, Lida Patricia Arias Quintero, Leonel De Jesús Escobar Escobar, Jully Andrea Vallejo Valencia, Jaime Alberto Vallejo Alarcón, Heivi Mariana Vallejo Isaza y Blanca Inés Vallejo Alarcón, quienes fueron capturados en diferentes puntos de Antioquia.
A este grupo se suma Jorge De Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo o El Doctor, señalado cabecilla principal de ‘El Mesa’, quien permanece privado de la libertad en centro carcelario y cumple condena de 14 años de prisión; y Liliana María Valencia Loaiza, en contra de quien se emitió una notificación azul de Interpol.
Estas personas, al parecer, recurrieron a familiares, algunos de ellos menores de edad y adultos mayores, para titular bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilícitas de ‘El Mesa’. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó, según sus presuntas responsabilidades individuales, delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Impactadas las redes de lavado de activos de la delincuencia organizada en el área metropolitana de Medellín
La acción articulada de la Fiscalía y la Policía Nacional fue determinante para lograr la captura de nueve posibles integrantes de las redes dedicadas a lavar los activos ilícitos de las estructuras delincuenciales que tienen injerencia en Medellín y su área metropolitana.
- Inicialmente, Francisco Emilio Mazo Pulgarín, Martha Nubia Pulgarín Sepúlveda y a Lud Dary Pulgarín Mazo fueron imputados por los delitos de testaferrato y lavado de activos. Los elementos de prueba dan cuenta de que serían los responsables de dar apariencia de legalidad a bienes avaluados en más de 1.602 millones de pesos, los cuales fueron adquiridos por ‘Los Pachelly’, grupo delictivo al que se le atribuye la venta de estupefacientes al menudeo, extorsiones y tráfico de armas en Bello (Antioquia).
- De otra parte, fueron capturados y judicializados Jhon Jairo Seguro Taborda y Yasmín Alejandra Murillo Restrepo, que harían parte de la organización ilegal ‘Los Triana’, que concentra su actuar delincuencial en diferentes comunas de Medellín y Bello. La evidencia física demuestra que habrían constituido empresas de papel dedicadas a la construcción para blanquear 10.000 millones de pesos, que corresponderían a ingresos ilícitos por microtráfico, cobro de extorsiones y préstamos ‘gota a gota’. La Fiscalía imputó a los posibles responsables de estas actividades el delito de lavado de activos.
- Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a las hermanas Gloria Estella, Ruby Astrid y Mary Henid Maya Ríos; y a Leonardo Alexander Tamara Gómez, y les imputó el delito de lavado de activos. Los investigados, al parecer compraron bienes, constituyeron empresas y establecimientos de comercio para ocultar los dineros que percibía la organización ilegal ‘Los Chatas’, involucrada en múltiples actos ilegales en más de 30 barrios de Bello, y en distintas comunas de Medellín, Barbosa, Copacabana y Girardota (Antioquia).
Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Bogotá, Santamarta (Magdalena), Medellín y Sabaneta (Antioquia).
Las evidencias indican que los dineros comprometidos en el actuar delictivo de estas tres estructuras ascenderían a 32.701 millones de pesos.
Fiscalía contra el patrimonio de ‘Los Chatas’
De manera simultánea, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1 establecimiento de comercio, 3 sociedades y 22 inmuebles urbanos, que habrían sido adquiridos por alias El Gomelo, presunto máximo cabecilla de ‘Los Chatas’.
Las propiedades, cuyo valor preliminar superaría los 8.000 millones de pesos, están ubicadas en Santa Marta (Magdalena), Apartadó y Sabaneta (Antioquia). Los bienes serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Estos resultados en contra del patrimonio y las finanzas de las organizaciones criminales y delincuenciales que tienen presencia en Antioquia son el resultado de las acciones investigativas priorizadas por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, para impactar a las estructuras que más afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscal General invitó a la ciudadanía a no apoyar a los delincuentes: “Es un llamado a todas las personas (…) cuidado con prestar los nombres para aumentar patrimonio de terceros. Testaferratos que son fáciles de detectar y que hemos venido trabajando con la DIJIN en los que tenemos a los mejores expertos para poder detectar que una persona sin capacidad económica ostenta bienes que son de la criminalidad”, precisó.
Cuatro años de afectaciones al patrimonio de las redes criminales
La labor decidida de la Fiscalía General de la Nación ha permitido, enero de 2020 y febrero de 2024, impactar de manera contundente las finanzas de las organizaciones criminales ‘Caicedo’, ‘El Mesa’, ‘La Sierra’, ‘La Terraza’, ‘La Unión’, ‘Los Chatas’, ‘Los Triana’, ‘Pachelly’ y ‘Robledo’.
En cuatro años se han impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 508 bienes, cuyo valor superaría los 558.000 millones de pesos, según la cuantificación objetiva que se hace en mesas de trabajo con los investigadores de la DIJIN y de la Fiscalía.
Entre las propiedades afectadas están 231 inmuebles urbanos y 13 rurales, 48 establecimientos de comercio, 149 vehículos y 2 sociedades, ente otros.
Las redes criminales golpeadas, mediante empresas fachada y testaferrato, han legalizado dinero en cuantía que asciende a los 46.000 millones de pesos.
De otra parte, se han realizado imputaciones por lavado de activos a personas que han blanqueado más de 14.300 millones de pesos. Adicionalmente, se han incautado 917 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CEVS/DECLA/LABF/DPFC/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.