Los judicializados serían los encargados del narcomenudeo en varias instituciones educativas.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que evidenciarían la existencia de una organización ilegal conocida como ‘Los Pelaos’, señalada de comercializar y distribuir estupefacientes en Valledupar (Cesar).
Luego de 22 diligencias de allanamiento adelantadas el pasado 10 de septiembre por la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional en los barrios Villa Fuentes, Paramo, Tierra Prometida y Familias Unidas, fue posible capturar a 15 presuntos integrantes de este grupo delincuencial organizado.
Un fiscal de la Seccional Cesar los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico o porte de estupefacientes.
El material de prueba da cuenta de que esta red delictiva estaría comercializando estupefacientes en entornos escolares, al igual que en parques y espacios abiertos al público. Con este resultado, se logró sacar de circulación más de 1.000 que eran distribuidas diariamente.
Acogiendo la solicitud de la Fiscalía el juez del caso impuso medida de aseguramiento en centro de carcelario a: Rosalbina Martínez Pacheco, Yesica Julieth Franco Martínez, Luz Angelica Acevedo Gutiérrez, Eduardo Luis Espinoza Hernández, Keiner Morales Caballero, José María Villero Mestra, Brayan José Franco Martínez, Jaison Andrés Franco Martínez, Dilan Enrique Núñez Ospino, Alfredo Plata Jiménez, Aljemiro Enrique Jiménez Márquez, Jaider José Jiménez Bonilla y Sair Ochoa Martínez.
Por su parte Nelly Isabel Fernández Andrade, Luis Ángel Montero Jiménez y Alexis Emel Obregón Mejía fueron afectados con medida de aseguramiento domiciliaria.
EDH/AMCJ/MAGA/JMAB/DSC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
