Cinco de los señalados articuladores principales fueron capturados y judicializados. Además de la explotación ilícita de minerales se les atribuye el pago de diferentes sumas de dineros a integrantes de la fuerza pública y de los grupos armados ilegales para que facilitaran el actuar criminal en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a cinco de los posibles articuladores principales de una red delictiva señalada de extraer oro de manera ilegal en las regiones del nordeste y el bajo Cauca antioqueño, y coordinar posteriormente su comercialización.
Se trata de María Consuelo Jiménez Salazar, quien sería la encargada de administrar el dinero producto de esta actividad ilegal y coordinar la obtención del metal y su venta; Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa,presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita de minerales; Jhon Wilmar Cabrera González, que tendría a su cargo el transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para la reparación de la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros; y Bernardo de Jesús Orrego Barrios, al que se le atribuye el préstamo de un título mineropara legalizar tres lingotes de oro que le fueron incautados a uno de los integrantes de la organización y así evitar su captura.
Los elementos materiales probatorios indican que este grupo también estaría implicado en el pago de dinero a algunos servidores de la fuerza pública para que alertaran sobre los operativos en la zona y a estructuras criminales con injerencia en el departamento para que facilitaran la labores de extracción, transporte y comercialización del oro.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputo, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fraude procesal.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados que, por disposición de un juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.
Recientemente, a esta red delictiva le fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio bienes avaluados en más de 373.000 millones de pesos, entre ellos un título minero.
Esta información se publica por razones de interés general.
LKSC/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
