Fueron afectados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 72.700 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impactó las finanzas de una red de corrupción que estaría involucrada en la alteración de los linderos de varios predios en Caquetá para favorecer a terceros que querían apoderarse de grandes extensiones de tierra.
La organización estaría conformada por exfuncionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Florencia; exservidores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y, al menos, dos notarios.
Estas personas, entre 2016 y 2018, habrían aprovechado sus conocimientos y cargos para modificar los folios de matrícula de varios bienes, a cambio de dinero. De esta manera, acreditaron que los propietarios tenían a su nombre más terreno del que realmente habían adquirido.
En el curso del proceso se conoció que, a uno de los beneficiarios, presuntamente, le asignaron irregularmente más de 2.789 hectáreas.
La Fiscalía identificó 29 inmuebles urbanos y 16 rurales, 4 vehículos, 3 establecimiento de comercio y 1 sociedad que pertenecerían a los posibles integrantes de la red de corrupción.
Los activos, avaluados en más de 72.700 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Todos fueron ocupados en diligencias realizadas en Cali y Jamundi (Valle Del Cauca), Buenos Aires y Rosas (Cauca); Florencia, San Vicente del Caguán, Morelia, Valparaiso, Milán y La Montañita (Caquetá). La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
