Cinco de los presuntos integrantes de la red fueron capturados por entrar de manera ilegal más de 747.000 cajetillas.
La contundencia del material de prueba presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales permitió judicializar a cinco personas señaladas de auspiciar el contrabando de cigarrillos entre 2018 y 2021.
Se trata de Carlos Arturo Alzate Loaiza, alias Walter; los hermanos Diego Fernando y Jorge Andrés Tavera Velásquez; Carlos Arturo Vélez Cano, alias El viejo o El Cucho; y Luis Jeferson Garavito León, presuntos responsables del ingreso ilegal al país de varios cargamentos de cigarrillos cuyo valor podría alcanzar los $500’000.000. La más reciente incautación fue alcanzó las 747.250 cajetillas.
Las labores investigativas pusieron en evidencia los roles que cumplían los presuntos integrantes de la red, al igual que las maniobras a las que recurrían para mover y vender la mercancía.
Al parecer, luego de entrar a territorio nacional, los cigarrillos eran almacenados en bodegas de La Guajira, Magdalena y el Urabá antioqueño. Posteriormente, los hoy procesados, supuestamente, se encargaban de coordinar el traslado en camiones a Medellín, ciudades del Eje Cafetero y municipios del norte del Valle del Cauca, donde eran distribuidos en el comercio local.
Los señalados involucrados en esta actividad ilegal fueron capturados por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en Pereira (Risaralda). La Fiscalía les imputó los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando, y concierto para delinquir.
Por disposición del juez de control de garantías, Alzate Loaiza y los hermanos Tavera Velásquez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los otros dos procesados seguirán vinculados a la investigación.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
