También fue vinculada una particular que habría cobrado los recursos de cheques girados a su nombre y que posteriormente consignó en cuentas de personas cercanas a los funcionarios.
Las irregularidades detectadas a través de transferencias realizadas desde las cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano (Chocó), permitieron identificar a dos funcionarios y una particular que se habrían apropiado de recursos del municipio por más de 370 millones de pesos.
Se trata del jefe de Presupuesto de la alcaldía, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; el secretario de Hacienda del municipio, Rodrigo Viñuela Jaramillo; y la particular Sonia Rodríguez Palacios, quienes habrían participado en la actividad ilícita entre 2024 y 2025.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Asprilla Abadía y Viñuela Jaramillo, al parecer, se contactaron con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano, para que les facilitará la cuenta de la compañía sin autorización de la gerencia.
Los funcionarios presuntamente pactaron con este empleado el envío de 119.800.000 pesos de las cuentas del municipio para que fueran girados a través de un cheque a Sonia Rodríguez, quien lo habría cobrado el 18 de julio de 2025, y posteriormente los transfirió a personas allegadas a los funcionarios.
La investigación liderada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó da cuenta de que esta mujer no contaba con ningún vínculo contractual, como contratista o proveedora de la empresa que sustentara el giro del cheque.
Los análisis adelantados establecieron que, al parecer, se realizaron otras consignaciones por 132.966.998 y 121.799.136 de pesos entre enero de 2024 y diciembre de 2025 desde cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano a varios particulares cercanos a los funcionarios, que no tenían ningún vínculo laboral con la administración municipal.
Por todo lo anterior, fueron imputados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados y por disposición judicial deberán cumplir medida de aseguramiento en lugar de domicilio.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
