La estupefaciente pertenecería a un grupo armado La afectación a las finanzas criminales alcanza los 5.5 millones de dólares.
Esta acción fue adelantada en coordinación con el Grupo de Investigaciones Especiales del CTI, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la DEA.
Labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación en el sur del país, permitieron ubicar y desmantelar en El Tambo (Nariño), dos complejos destinados a la producción de base de coca y clorhidrato de cocaína. Información en poder de la Fiscalía evidencia que una organización criminal que actúa en la región sería la propietaria del estupefaciente.
El primer laboratorio estaba integrado por nueve casas rústicas construidas en madera y tela, y estaban camufladas en medio de vegetación densa y árboles de gran altura. Las estructuras se comunicaban entre sí, por medio de pasillos.
En este lugar se encontraron 3.914 kilos de clorhidrato de cocaína y 692 kilos de pasta base de coca, y más de 5.000 galones de químicos líquidos, equipos, máquinas, enceres e insumos para el procesamiento de las sustancias ilícitas.
El segundo, era destinado al procesamiento de base de coca. Allí fueron hallados 345 kilos de la sustancia ilegal, insumos químicos y líquidos.
La Fiscalía cuenta con información que permitió establecer que los estupefacientes eran empacados, marcados y transportados hacia zona costera desde donde eran enviados a Centro América. Allí, carteles mexicanos se encargarían de enviar la droga a Estados Unidos.
Estas acciones representaron una afectación a las finanzas de las organizaciones criminales que alcanza los 5.5 millones de dólares.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/MAGA/AA/CTI/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
