Esta persona estaría involucrada en dos hechos distintos ocurridos en los estados de Alaska y Carolina del Norte.
En atención al acuerdo de cooperación internacional para la ubicación y captura de fugitivos, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigadores del CTI ubicaron en Bogotá a Carlos Fernando Castro Callejas, un militar colombo-estadounidense que habría abusado de dos menores de edad.
Esta persona es requerida con fines de extradición por el Segundo Circuito Judicial de Primera Instancia del Ejército de Estados Unidos, en Fort Bragg, estado de Carolina del Norte, que adelanta consejo de guerra en su contra por los cargos de acceso carnal violento y agresión sexual de menor de edad, agresión agravada contra menor de edad y fraude con tarjeta de crédito.
La solicitud internacional señala que Castro Callejas, de 32 años, en su condición de sargento primero del Ejército de Estados Unidos, al parecer, sometió sexualmente a una niña, en el estado de Alaska, entre 2013 y 2016. Asimismo, indica que sería el responsable de abusar de una menor de edad en el estado de Carolina del Norte, entre 2014 y 2018.
Por estos hechos, fue enviado en octubre del año en curso a una base militar, de la cual desertó para viajar a Colombia e intentar evadir el proceso judicial que se le sigue.
La Fiscalía comunicará el procedimiento de ubicación de Carlos Fernando Castro Callejas a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que se surtan los trámites de formalización del pedido de extradición, dentro de los términos de ley.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/JL/SIUCTI/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
