Funcionarios del CTI los ubicaron en Valle del Cauca, en atención a notificaciones rojas de Interpol.
La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del acuerdo de cooperación para la ubicación de fugitivos internacionales, suscrito con la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos, localizó a dos ciudadanos ecuatorianos que huían de las autoridades de su país e intentaban pasar desapercibidos en Colombia.
Inicialmente, funcionarios del CTI ubicaron a en zona comercial de Cali (Valle del Cauca) a un hombre requerido mediante notificación roja de Interpol, para que responda ante la justicia ecuatoriana por delitos sexuales.
Esta persona, al parecer, agredió sexualmente a su hijastra de 12 años e ingresó a Colombia por la frontera sur en 2018. Desde entonces habría obtenido trabajo para evadir a las autoridades, consciente de que el proceso penal en su contra avanzaba en Ecuador.
De otra parte, los investigadores ubicaron a Aron Sebastián Loor Paredes en Jamundí (Valle del Cauca). Este ciudadano extranjero también era buscado mediante notificación roja de Interpol por cargos relacionados con homicidio. Las autoridades ecuatorianas le atribuyen el crimen de un joven, en medio de un asalto sexual ocurrido en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en 2014.
En las labores de verificación se estableció que Loor Paredes entró al país hace ocho años y, presuntamente, se vinculó a estructuras delictivas.
Estas dos personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten las comunicaciones y se cumplen los procedimientos de ley para su traslado a Ecuador.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/AM/CTI/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
