En las diferentes jornadas, la Fiscalía General de la Nación presentó un informe de los avances en la investigación por el crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, participó en la XXXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), realizada en Madrid (España), donde suscribió convenios de cooperación judicial y acordó la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI internacionales) con sus homólogos de Chile, Bolivia, Paraguay y Panamá.
Con estos países se articularán esfuerzos en la lucha contra el crimen transnacional, el seguimiento de las rutas de las finanzas criminales y la trata de personas con fines de explotación sexual.
Durante las jornadas de trabajo adelantadas en la asamblea, la fiscal general presentó un informe sobre los avances principales en la investigación por el crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci Albertini, ocurrido en Cartagena (Bolívar), el 10 de mayo de 2022. Señaló que las actividades investigativas se encuentran en una nueva fase de identificación y judicialización de los determinadores del crimen, así como la afectación de las finanzas de la estructura criminal relacionada con el hecho.
De otra parte, la Fiscalía de Colombia logró la aprobación de la Guía de Cooperación Internacional Penal en la Investigación y Juzgamiento de Delitos que afectan al Medio Ambiente, y la Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad y Protección de Fiscales, Funcionarios/as y Servidores/as de los Ministerios Públicos que integran la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Con la implementación de estas herramientas se busca consolidar un espacio común de intercambio de experiencias y aplicación de estrategias contra la criminalidad transnacional. Asimismo, servirán para fortalecer las capacidades en la indagación de delitos ambientales transnacionales y la articulación de investigaciones complejas contra el crimen organizado, identificando las rutas utilizadas para el tráfico de recursos naturales y afectando las economías ilícitas derivadas de este ilícito.
