La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Mario Montoya Uribe, por su presunta responsabilidad en el asesinato de civiles que, posteriormente, fueron reportados como resultados operacionales exitosos entre 2007 y 2008.

De acuerdo con los elementos de prueba, el oficial (r), mientras se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, habría desconocido una directiva emitida por el entonces comandante general de las Fuerzas Militares en noviembre de 2007, en la que ordenó a todas las unidades privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales, así como las capturas, sobre las muertes en combate.

Montoya Uribe, supuestamente, ejerció presión a todos los jefes de divisiones, brigadas y batallones para que cumplieran una estrategia diferente que, al parecer, premiaba y otorgaba condecoraciones a los comandantes y grupos que reportaban muertos.

Las investigaciones dan cuenta de que el modelo de medición de resultados y estímulos impuesto por el excomandante del Ejército Nacional, distinto al definido por sus superiores, auspició 104 homicidios de civiles, cinco de ellos menores de edad, que no pertenecían a organizaciones criminales, fueron puestos en estado de indefensión y se presentaron en diferentes puntos del país como ‘bajas’ en enfrentamientos armados.

Adicionalmente, hay indicios de que el general en retiro habría promovido maniobras para evitar que quedaran en evidencia sus instrucciones.

En ese sentido, la Fiscalía imputará a Mario Montoya Uribe los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La diligencia se cumplirá en la fecha que defina el Tribunal Superior de Bogotá.

Esta información se publica por razones de interés general.

JARG/GRJD/MCRC.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.