Fiscales de la seccional Sucre lograron que en procesos distintos, jueces de control de garantías enviaran a prisión a tres hombres presuntamente responsables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego.
La primera decisión judicial que cobijó a Moisés Enrique González Salcedo y a Carlos Andrés Ponce Romero, está relacionada con los hechos el pasado 13 de mayo en el barrio Pinar de la capital de Sucre, donde los procesados, quienes se movilizaban en una motocicleta, al parecer dispararon contra de Jesús David Bertel Paternina y le causaron la muerte.
La Policía Nacional que se encontraba cerca del lugar emprendió una persecución en contra de los presuntos agresores, que fueron capturados momentos más tarde en el barrio 6 de febrero. En su poder les fue hallada el arma sin permiso de salvoconducto con la que presuntamente cometieron el asesinato.
El segundo caso ocurrió el 16 de mayo último en el barrio Bervel de Sincelejo e involucró a André Yesid Ortega Pantoja.
De acuerdo con la investigación, el hoy procesado sin mediar palabra habría disparado en varias ocasiones contra Luis Miguel Vargas, a quien le causó la muerte.
Personas que se encontraban cerca a la víctima alertaron a la Policía Nacional, que logró capturarlo en flagrancia minutos después y a quien le encontraron en su poder el revólver calibre 38 con la que al parecer cometió el acto delictivo.
Los tres presuntos implicados que no aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados por el ente acusador deberán cumplir sus medidas en la cárcel La Vega de Sincelejo.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/FAGH/FSJ/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
