El Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación realizó la entrega digna de los restos óseos de Luis Miguel García Tovar.

En la imagen aparecen 7 personas, dos hombres con chalecos negros que son de la Fiscalía, una mujer con carnet azul de la Unidad de Víctimas y 4 mujeres familiares de la víctima.
Momentos de la entrega digna de Luis Miguel García Tovar quien fue asesinado por miembros de la AUC

Este acto se cumplió en la sede de la Seccional Bolívar y contó con la presencia de varios familiares de García Tovar y de representantes de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv).

También estuvo presente el equipo interdisciplinario de la Fiscalía General de la Nación que socializó los procedimientos científico-forense que permitieron la identificación plena de su ser querido.

De acuerdo con la investigación, el 15 de febrero de 2003 hombres de las AUC llegaron al municipio de María La Baja (Bolívar) y ubicaron la finca San Miguel de propiedad de la víctima.

García Tovar era el único en el lugar y fue sacado del sitio por los paramilitares quienes lo asesinaron a la salida del predio.

Este hecho que fue documentado y confesado en diligencias de versión libre, le fue imputado a los postulados Salvatore Mancuso Gómez, Edwar Cobo Téllez y Uber Enrique Banquéz Martínez.

La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía seguirá en su tarea de otorgarle a cada víctima las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

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MEVA/MAGA/DCD/DSB

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.