La Fiscalía dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que se indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción hallados.
Luego de valorar el material probatorio obtenido en múltiples actividades y diligencias investigativas sobre irregularidades en contratación, la Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
Según la indagación adelantada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los tres indiciados serían responsables de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.
En las audiencias que fije el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, estas personas serán vinculadas, de acuerdo con sus particulares conductas, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Así mismo, la Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados.
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/GGR/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
