Las víctimas de los mensajes intimidatorios son el Presidente electo de la República Gustavo Petro Urrego, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora María Fernanda Cabal.

 

Luego de valorar la evidencia y los elementos probatorios obtenidos, a través de diferentes técnicas investigativas, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos radicaron tres solicitudes de audiencia de imputación contra los presuntos responsables de emitir mensajes intimidatorios por redes sociales.

En el primer caso, se estableció que Óscar Fernando Fetecua Rusinque, con un usuario personal, habría dirigido por Twitter una amenaza de muerte contra el senador y entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, el 26 de marzo de 2021. Luego de diferentes actividades de policía judicial se detectó el origen de los mensajes y se conoció la plena identidad del posible remitente.

De otra parte, hay suficiente material de prueba para indicar que Edison Yair Molina Chaparro sería el responsable de divulgar por Twitter un señalamiento en contra de la vida e integridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 11 de enero de 2020.

Finalmente, la Fiscalía imputará a Sebastián Valencia Palacios por varios mensajes que, supuestamente, envió por Twitter e Instagram a las cuentas de un familiar y un funcionario del equipo de la senadora María Fernanda Cabal, el 25 de junio de 2020. Las publicaciones consistían en amenazas de muerte contra la congresista y se originaron desde Cali (Valle del Cauca).

Las audiencias se cumplirán en la fecha que fije la Judicatura.

JARG/DJR/DEVDH/MCRC.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.