Con las actuaciones del mandatario departamental se habría ocasionado un detrimento patrimonial cercano a los 300 millones de pesos.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación en contra del exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con irregularidades detectadas en el trámite, celebración y ejecución del contrato de obra N°1181 de octubre de 2013, el cual ascendió a $597’038.414 y contemplaba la construcción de vías peatonales en comunidades indígenas de Leticia y Puerto Nariño (Amazonas).
Los elementos de prueba indican que los pliegos de condiciones definidos fueron ambiguos o confusos, y no coincidían con lo señalado en los estudios previos. De esta manera, habría sido beneficiado un único proponente, que sin tener la idoneidad y la capacidad económica y técnica fue seleccionado.
Finalmente, el objeto del contrato no se cumplió completamente, lo que causó un detrimento patrimonial a las finanzas del departamento por $297’311.789. Estos recursos quedaron en manos del contratista y no se ejercieron acciones por parte del entonces gobernador para recuperarlos.
Se constató que las obras quedaron abandonadas y las estructuras en evidente deterioro, lo que generó gran impacto social en los territorios que supuestamente serían beneficiados.
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/HBA/UFDCSJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
