La procesada habría trasladado y entregado el arma de fuego utilizada por un adolescente para ejecutar el ataque.
Por su posible participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez.
La mujer, de 19 años, presuntamente recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, se reunió con otros señalados implicados en el crimen y, a bordo de un vehículo, le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias Pichi, quien a su vez se la dio al adolescente que finalmente disparó contra la víctima.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Martínez Martínez, desde enero de 2025, se habría vinculado a un grupo delincuencial dedicado a diferentes actividades ilícitas como venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos.
En ese sentido, y en atención a las evidencias obtenidas en su contra, deberá responder en juicio oral como posible responsable de los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.
La hoy procesada fue capturada el pasado 14 de junio en un procedimiento realizado por unidades de la Policía Nacional en vía pública de Florencia (Caquetá). En su momento, fue judicializada y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
