Luis Francisco Ruiz Aguilar habría falsificado documentos para modificar la planta de personal del centro asistencial y cobrar viáticos de maneral ilegal por más de 56 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que, mientras se desempeñó como gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, entre marzo de 2020 y octubre de 2022, habría modificado la planta general de personal sin ser el competente para hacerlo.
Para este propósito, al parecer, falsificó el Reglamento Interno del Trabajo del centro asistencial y un acta de la junta directiva para asignarse temporalmente funciones y realizar 57 nombramientos en calidad de provisionalidad y encargo entre agosto y octubre de 2022. De esta manera contrató servidores en el área administrativa, médicos, especialistas y enfermeros.
Adicionalmente, Ruiz Aguilar es señalado de utilizar el cargo para alterar el Estatuto Interno del Hospital María Inmaculada y eliminar el aval que debía dar el gobernador para el reconocimiento de comisiones de servicios. Con esto permitió el pago de viáticos de manera directa, cobró y se apropió de 56’357.379 de pesos por concepto de viajes y comisiones, en el periodo mayo de 2020 – octubre de 2022. Estos recursos salieron del presupuesto de la institución de salud.
La audiencia de formalización de acusación se realizará en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
LAGP/JARG/JEVN/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
