La investigación da cuenta de tres eventos distintos, en los que los funcionarios habrían sometido a personas privadas de la libertad con agresiones y tratos crueles.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó escrito de acusación contra tres integrantes del INPEC, quienes estarían involucrados en actos de tortura contra varios internos de la cárcel La Modelo de Bogotá, durante y después de un motín ocurrido el 21 de marzo de 2020.
De acuerdo con el material de prueba, el dragoneante Julián Alberto Piñeros Gómez sería responsable de dos eventos. En uno, al parecer, golpeó y esposó desnudo a un privado de la libertad señalado de participar en la manifestación carcelaria. Posteriormente, lo habría sometido en cuclillas durante varias horas y lesionó con un arma cortopunzante.
En el otro hecho, supuestamente, le propinó puños a un interno que estaba herido con un proyectil de arma de fuego, y le cortó el dedo índice de la mano izquierda.
De otra parte, los dragoneantes Víctor Alfonso Cervera Piratova y Jefferson Fabián Hueso Escárraga, presuntamente, atacaron con la tonfa o bastón de mando a dos privados de la libertad que estaban en el Hospital La Misericordia, a donde fueron remitidos para ser atendidos por heridas de arma de fuego que sufrieron durante el motín.
Estos dos hombres habrían recibido múltiples golpes mientras estaban esposados en una camilla. Luego, cuando regresaron al establecimiento carcelario, fueron castigados violentamente.
Por estos casos, los tres funcionarios son acusados por el delito de tortura agravada.
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/DJR/DECVDH/MCRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
