Fiscalía presenta el informe de las rentas criminales de las desmovilizadas Farc y el recuento histórico de la victimización a líderes sociales por parte de agentes del Estado

En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía relaciona dos nuevos frentes de investigación asociados con el conflicto armado. El primero, hace referencia a las fuentes y mecanismos de financiación de las FARC- EP. El segundo, a la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

La Fiscalía General de la Nación realizó la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, en los que se detallan dos nuevos ejes de investigación relacionados con conductas cometidas durante el conflicto armado en Colombia.

Con esta presentación, son once (11) los documentos que quedan a consideración de la JEP para que avance en los asuntos de su competencia.

Los nuevos informes

I. Fuentes y mecanismos de financiación de las FARC- EP

Este informe describe que dentro del conjunto de reglas y procedimientos que promulgó las FARC-EP dentro de su estructura jerárquica, aquellas que tuvieron como objetivo la regulación de sus finanzas ocuparon un lugar destacado. Las fuentes y mecanismos de financiación de las FARC-EP vivieron un proceso de perfeccionamiento con el correr de los años, al pasar de una economía de guerra en esencia depredadora de riqueza, a otra en la que los recursos provenientes de actividades criminales eran invertidos en actividades económicas productivas.

El informe identifica tres (3) principios rectores que determinaron el manejo de las fuentes y mecanismos de financiación de las FARC-EP:

• Diversificación: desde su fundación hasta su desmovilización, las Farc-EP diversificaron sus fuentes de financiación para pasar de una economía elemental, que encontraba sus recursos en aportes de simpatizantes, secuestros esporádicos y una vinculación artesanal a la minería, a una mucho más sofisticada basada en dineros provenientes del narcotráfico, secuestro y la extorsión, practicados a gran escala y, en el punto más alto de su perfeccionamiento, de las inversiones en actividades económicas productivas, tales como la minería, tierras y ganado.
• Regionalización: no todas las fuentes de financiación pudieron ser aplicadas en todos los Frentes de las FARC-EP, dadas las posibilidades y los obstáculos que las economías locales planteaban, lo que generó una especialización económica de los Frentes guerrilleros que privilegiaron unas fuentes económicas sobre otras. Así las cosas, se encontró que los grupos ubicados en regiones con presencia de economías cocaleras, desarrollaron formas de intervención en la producción de narcóticos, a diferencia de otros cercanos a zonas industriales que se vincularon en mayor medida al secuestro. Mientras, los Frentes ubicados en zonas menos prósperas se apoyaron en la práctica de la extorsión a todo tipo de actores económicos, desde contratistas de obras públicas hasta pequeños comerciantes.
• Centralización: los organismos superiores de la organización guerrillera se encargaron de controlar los gastos y los ingresos de los Frentes, a través de la combinación de mecanismos administrativos y disciplinarios, de tal forma que sirvieran para garantizar su auto sostenimiento y financiar los planes militares a largo plazo.

1. Ingresos por renta ilícitaa. Secuestro

El informe concluye que el secuestro extorsivo con fines económicos por parte de las FARC-EP adquirió dimensiones económicas importantes con el paso del tiempo y se convirtió en una de las fuentes principales de financiación de la guerrilla.

Aunque el secuestro extorsivo fue una práctica histórica de las FARC-EP,[1] fue desde la década de los noventa que este fenómeno criminal experimentó un crecimiento exponencial, con el fin de apoyar el crecimiento militar de la organización armada. Esta práctica estuvo acompañada de innovaciones en las técnicas para la ejecución de los secuestros, como las “pescas milagrosas” y “la asociación con bandas criminales”, las cuales reportaban mayores utilidades económicas para la organización por “economías de costo”.

De otro lado, la Fiscalía encontró que el secuestro fue una acción criminal altamente regionalizada, que se centró en algunas zonas del país debido la capacidad de pago de los sectores económicos locales y de los costos en los que debía incurrir la organización para ejecutarlo. Fue así que algunos Frentes se especializaron en el secuestro y, también, su abandono por parte de otros grupos guerrilleros ante la presencia de fuentes de financiación más rentables, como el narcotráfico.

El informe logra evidenciar que las negociaciones y el cobro del dinero por los secuestros que superaba ciertas cifras fueron asumidos directamente por las instancias superiores de la organización, como los Comandantes de Bloques. Esta centralización llegó al punto de que miembros del Secretariado se encargaron de negociar la liberación de secuestrados de un perfil económico alto, como empresarios o empleados de empresas multinacionales.

En los secuestros extorsivos, la Fiscalía logró establecer que, entre los años 1996 y 2012, el total de los pagos fue de tres billones seiscientos veinticinco mil seiscientos ocho millones doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos ($3.625.608.297.250), que equivalen a mil doscientos treinta y tres millones ochocientos noventa y ocho mil (US$1.233.898.000) dólares.

b. Extorsión

El informe también de cuenta de que la extorsión fue una de las principales políticas financieras de las FARC–EP que respondió a los principios rectores que determinaron el funcionamiento general de las finanzas de las FARC-EP. De un lado, la extorsión fue regionalizada al depender de las dinámicas económicas locales y sus limitaciones, así como de los montos que los Frentes y los Bloques fijarán. También estuvo sometida al principio de centralización financiera. Es por ello que cuando se trataba de extorsiones dirigidas hacia grande empresas o contratistas, las negociaciones y el control sobre los ingresos recaía en las instancias superiores de los Bloques o en el Secretariado.

Comparada con otras formas de financiamiento, las prácticas orientadas a presionar, persuadir y atemorizar a las víctimas, con el fin de obtener los pagos exigidos, no significaron para las FARC-EP los costos propios de los grandes y constantes despliegues de violencia directa como sucedía, por ejemplo, con el secuestro.

Mientras fuentes como el secuestro o el narcotráfico se caracterizaron por tener poblaciones definidas contra las que se dirigían y ciclos de tiempo en los que se aplicaron, la extorsión fue indiscriminada y aplicada de forma tan permanente en el tiempo que se convirtió en el núcleo del funcionamiento financiero de las FARC-EP, además de servirles como fuente de sustento básico cuando los ingresos por las demás fuentes escaseaban. Un funcionamiento extorsivo que acumula millones de pequeñas, medianas y grandes transacciones incuantificables. Estos factores explican la dificultad para cuantificar los ingresos por extorsión de la guerrilla.

b. Narcotráfico

El informe releva que la intervención de las FARC-EP en el narcotráfico estuvo sujeta a una transformación histórica. En el documento de la VII Conferencia Nacional Guerrillera de 1982 se reconoce la primera forma de intervención extorsiva bajo la modalidad del “impuesto” de gramaje, un cobro que la guerrilla impuso a los cultivadores por cada kilo de hoja de coca. Luego de esta Conferencia se impusieron cobros a los narcotraficantes por la entrada a las regiones, por cada kilo de pasta base y cristal comercializado, así como por la vigilancia del transporte terrestre y el uso de las pistas de aterrizaje en las regiones con presencia de la guerrilla.

Pero la participación de la guerrilla en los recursos provenientes del narcotráfico no se limitó a la extorsión a los narcotraficantes y a los cultivadores bajo la modalidad del gramaje. También, como afirman distintos testimonios, documentos y elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía General de la Nación en sus investigaciones, la guerrilla se vinculó directamente al control de distintas etapas del proceso de producción de la cocaína, lo que en términos económicos significó un perfeccionamiento de su vinculación.

Esta participación directa se apoyó en distintos mecanismos, que iban desde unas modalidades que invisibilizaban el uso de violencia, tales como la regulación de cultivos a través de la financiación a los campesinos, hasta otras en las que el componente de violencia era central, tales como el desplazamiento forzado o el homicidio para garantizar la intermediación entre el campesinado y los compradores de pasta base o el uso de las tierras para cultivos.

Entre estos mecanismos, se destacó el control sobre los laboratorios y las cocinas, que le permitió a la guerrilla tener el control de la pasta base y el control del cristal de cocaína para hacer transacciones directas con los narcotraficantes con beneficios económicos aún mayores que bajo la sola extorsión, e incluso vincularse en actividades de tráfico internacional de cocaína.

La efectividad de estos mecanismos estuvo garantizada por el principio de administración centralizada que garantizaba el flujo de recursos de los Frentes hacia las instancias superiores, así como el control de los gastos.

El Grupo para la Persecución de Activos Ilícitos de la Fiscalía General de la Nación identificó que las FARC-EP con el narcotráfico obtuvo un ingreso, entre los años 1999 a 2016 que incluye los siguientes valores para años diferentes y para los distintos bloques:

Estos valores no son ingresos totales, sino una muestra de las sumas que por bloques pudieron obtener, dado que las fuentes son parciales.

d. Minería Ilegal

El informe expone que la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993 trazó de forma definitiva el esquema financiero que permitió el crecimiento militar de la guerrilla a lo largo de la década de los noventa. En las conclusiones de esta Conferencia, las FARC-EP consagraron un enfoque especial sobre la importancia que la minería representaba para sus finanzas, que fue seguida de orientaciones prácticas a nivel de los Frentes encargados de la ejecución de la política.

El informe relata que el crecimiento de la minería como actividad económica y la complejidad de sus procesos – que van desde la extracción hasta la comercialización – motivaron el interés de las FARC por vincularse a este negocio que abría amplias posibilidades para la participación de actores ilegales, así como para la comisión de distintos delitos.

Para el caso específico de la guerrilla, tal complejidad favoreció distintas formas de vinculación a la explotación minera, desde la extorsión a los distintos actores intervinientes hasta el control directo sobre distintas fases de la explotación y el lavado de activos. Bajo este esquema de control, la guerrilla manejó considerables volúmenes de riqueza que en ocasiones pasaron a formar parte de las reservas del Secretariado, con miras a servir como moneda de cambio en transacciones de armamento.

En cuanto a los ingresos de las FARC-EP por minería ilegal, el análisis de dispositivos electrónicos y entrevistas a desmovilizados analizadas por los investigadores, permitió determinar que entre los años 1993 a 2016 los ingresos por este concepto incluyen los siguientes valores que –debe decirse– no son concluyentes, ya que se basan solamente en archivos incautados y testimonios:

• Bloque Oriental (5.000.000.000).
• Bloque Noroccidental (11.129.821.198).
• Bloque Magdalena Medio (84.382.065).
• Bloque Caribe (200.000.000)
• Bloque Occidental ( 240.000.000)
• Bloque Sur (5.400.000)

2. Estrategia de persecución de bienes de las FARC-EP – Inventario de bienes

Además de las investigaciones para precisar los mecanismos del funcionamiento financiero de las FARC-EP, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha una estrategia investigativa en 2016 para priorizar la persecución de los activos provenientes de las finanzas ilegales de grupos armados al margen de la ley. En el marco de esta estrategia, un grupo de 300 investigadores, apoyados de peritos contables y fiscales, consolidó una base de quince mil (15.000) entrevistas, doscientas ochenta y seis (286) inspecciones y analizó más de trece millones de archivos (13’000.000) encontrados en dispositivos electrónicos incautados a los entonces cabecillas de las FARC, unificando la información recogida por distintas instancias de la Fiscalía.

Este trabajo permitió la cuantificación de flujos económicos en dinero de las FARC-EP, así como una reconstrucción de la magnitud de la apropiación de bienes de la guerrilla entre los años 1993 y 2016.

Ninguna entidad ha podido establecer con precisión a cuánto ascendieron los ingresos de las FARC-EP. Sin embargo, de los dispositivos incautados se da cuenta de que en el periodo 1993-2016 se trata de sumas billonarias, tanto en pesos colombianos como en monedas extranjeras así:

En el rastreo de las rentas ilícitas de esta organización fueron detectados al menos los siguientes bienes:

• 548 predios urbanos.
• 228 bienes rurales.
• 207 bienes baldíos de dos millones ciento veinte mil hectáreas (2.120.000 has).
• 284 establecimientos comerciales.
• 808 semovientes.
• 166 automotores.
• (232) activos en el exterior.
• Varias evidencias de caletas en dinero en efectivo – tanto en pesos colombianos como dólares estadounidenses-.

Fuente: COLOMBIA. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Grupo para la Persecución de Activos Ilícitos

De igual manera, fueron identificados esquemas de contabilidad que les permitían a los entonces cabecillas conocer el monto del dinero que permanecía en caletas y el flujo de los recursos que salía a cada uno de los frentes. Aquí sobresale el denominado ‘Contabilín’ programa que detalla con precisión el movimiento de los recursos ilegales.

Ilustración 1. Registros de caletas en el computador de alias “Becerro” comandante del Frente 57.

Fuente: COLOMBIA. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo encontrado en el computador de Jose David Suarez alias “Becerro”, miembro del Estado Mayor del Bloque Noroccidental, comandante del Frente 57. 15 de noviembre de 2014.

Adicionalmente, el informe que presenta la Fiscalía a la JEP hace una relación de bienes que no habrían sido declarados por las FARC-EP, vinculados directa o indirectamente por esta organización, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio entre 2016 y octubre de 2018. El valor de las propiedades afectadas supera los dos billones de pesos

II. Victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado

El segundo informe presentado por la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz describe y analiza la presunta participación de agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos, a partir de las investigaciones que cursan en el ente acusador.

En informe describe que entre 1985 y 2016, la Fiscalía General de la Nación abrió ciento ochenta y cuatro (184) investigaciones por este delito. El primer registro identificado corresponde a hechos presentados el 28 de septiembre de 1985 en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca) y el último registro corresponde a denuncias sobre una serie de actos de acoso y hostigamiento en contra de una organización no gubernamental que se han prolongado hasta el 2016. La mayoría de las investigaciones corresponden a hechos ocurridos entre 2000 y 2008. No obstante, también se observa un número importante de casos en 1987, 1997 y 2013.

Con respecto a las 139 investigaciones que cursan bajo la Ley 600, 32 investigaciones (23%) no han contado con un impulso procesal efectivo que permita su avance y se encuentran en etapa de investigación previa. Adicionalmente, 44 casos (31.6%) están en etapa de instrucción; 3 casos (2%) en etapa de juicio y 60 casos (43%) tienen sentencia.

Con respecto a las 45 investigaciones que cursan bajo la Ley 906, 35 investigaciones (77%) no han tenido un avance procesal importante y se encuentran en etapa de indagación. Adicionalmente, 3 casos (6.6%%) están en etapa de investigación; 3 casos (6.6%) en etapa de juicio y existen 3 casos (6.6%) con sentencia. Un proceso fue remitido a la Justicia Penal Militar para su conocimiento.

Los casos conocidos por la Fiscalía tuvieron lugar en ochenta y siente (87) municipios de veintitrés (23) departamentos, así como en el distrito capital. Los casos se concentran en las siguientes regiones: Antioquia (35 casos), Bogotá D.C. (28 casos), Arauca (13 casos), Norte de Santander, Atlántico y Cesar (10 casos por cada departamento).

En los procesos se registró información de quinientas treinta y seis (536 víctimas), la mayor parte de ellas en Antioquia (134 víctimas), Bogotá (75 victimas) y Arauca (53 víctimas), que concentran el 48.8% del total de víctimas identificadas en el informe. La mayoría de las víctimas eran hombres (78,54%), entre los 18 y 30 años (28%).[2]

La información recolectada da cuenta de un universo de víctimas diverso. Se recopiló información sobre la victimización de líderes sociales o integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, líderes o integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, líderes o integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, académicos y líderes estudiantiles, personas dedicadas a la difusión de información, abogados o integrantes de colectivos de abogados y funcionarios del Estado

En el informe también fueron identificadas ciento setenta y dos (172) víctimas colaterales como familiares, escoltas, conductores o vecinos de alguno de los defensores victimizados.

Las modalidades de victimización más comunes fueron:

• Homicidios, 348 investigaciones (64,93%).
• Actos de acoso y hostigamiento, 74 investigaciones.
• Acciones judiciales o de inteligencia ilegítimas, 38 investigaciones.
• Actos que afectan la libertad y seguridad personal, 24 investigaciones.

Mil sesenta y dos (1602) personas fueron individualizadas como presuntos responsables. De ellas cuatrocientos ochenta y cuatro (484) corresponden a agentes del Estado, cuatrocientos cincuenta y dos (452) integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml) y ciento veinticuatro (124) personas sin vinculación comprobada a un grupo armado.

Por la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos la Fiscalía obtuvo 200 condenas. La mayor parte corresponden a integrantes de Gaoml. También se recopiló información de treinta y nueve (39) integrantes del Ejército y once (11) miembros del DAS condenados por crímenes cometidos en contra de defensores de derechos humanos.

El informe plantea la existencia de cuatro factores que influyeron en el poco avance de las investigaciones judiciales: i) la ausencia de estrategias investigativas integrales que establecieran como primera hipótesis de trabajo la relación entre el hecho victimizante y la labor de defensa enarbolada por la víctima; ii) la escasa implementación de protocolos de intervención temprana que podrían haber facilitado la pronta recolección de elementos probatorios y evidencia física; iii) la dificultad en la obtención de evidencia y la ausencia

de técnica y experticia en su recolección debido a la naturaleza propia de algunas de las formas de victimización; y, iv) la reciente tipificación de algunas conductas, pues varias no se consideraron delitos hasta el año 2000.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

[1] La denuncia más antigua registrada en los sistemas de información misional de la FGN data de 1977, aunque por fuentes abiertas se tiene conocimiento de casos ocurridos en la década de los sesenta. Ver Informe No. 2 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Mayo de 2018.

[2] Para víctimas pertenecientes a la Unión Patriótica ver Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre Victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado. Mayo de 2018.