En Bogotá, Bucaramanga y Villavicencio fueron capturados cuatro de los posibles articuladores de la actividad ilícita.
Son señalados de usar agencias de viajes y ofrecer planes turísticos para captar víctimas y ocultar su actuar criminal.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Migración Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, permitió identificar una modalidad delictiva a la que recurría una red dedicada al tráfico de migrantes. Se trata de la denominada ‘Ruta de Oro’, la cual consistía en usar la fachada de viajes turísticos a México para mover irregularmente personas a territorio estadounidense.
En diligencias realizadas de manera simultánea en Bogotá, Bucaramanga (Santander) y Villavicencio (Meta) fueron capturados dos hombres y dos mujeres que harían parte de la estructura delictiva.
Los elementos de prueba indican que serían los representantes en Colombia del máximo cabecilla de la organización, quien reside en México y es conocido como ‘Abraham’. En ejercicio de ese rol ilícito, al parecer, disponían de agencias de viajes en Villavicencio, Bogotá y Floridablanca (Santander), para ofrecer paquetes todo incluido a Cancún y Ciudad de México, que oscilaban entre 8 y 15 millones de pesos.
Los ciudadanos colombianos que accedían a pagar la suma establecida, en realidad buscaban ingresar de cualquier manera a Estados Unidos. En ese sentido, eran vinculados a grupos cerrados de WhatsApp, donde se fijaban las condiciones del traslado; y, posteriormente, perfilados y obligados a aprender un libreto que debían seguir para no ser detectados por las autoridades migratorias nacionales e internacionales.
Luego de esta supuesta preparación, las personas tomaban vuelos con destino a México. Allí eran recibidas por contactos de ‘Abraham’ que las alojaban en hoteles previamente establecidos. Días después las llevaban a Mexicali, Tijuana y otras ciudades fronterizas para cruzar a Estados Unidos por trochas, zonas desérticas y distintos pasos no autorizados.
La Fiscalía estableció que esta red utilizaría la ‘Ruta de Oro’ desde 2021. A través de esta habría movido de manera indiscriminada familias enteras, incluidos menores de edad, muchas de las víctimas en condición de vulnerabilidad.
Declaraciones y otras evidencias recopiladas indican que los ciudadanos colombianos eran sometidos a tratos crueles e inhumanos antes de pasar a Estados Unidos. Asimismo, se conoció que los despojaban de la ropa, y la llevaban a tiendas y almacenes para ponerla a la venta.
Judicialización
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a los cuatro capturados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Los cargos no fueron aceptados por los investigados, quienes recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Los afectados con la decisión son:
- Wilmar Jarec Castaño Poveda, Yamile Andrea Vargas Bustos y Dora Liliana Díaz Guarguati, presuntos representantes de ‘Abraham’ en Colombia, señalados de ofrecer los paquetes turísticos a México, de recibir los dineros de los viajeros y coordinar otras actividades logísticas como la compra de los tiquetes aéreos.
- Jhon Freddy Senior Amaris, posible perfilador y encargado de enseñarles a los ciudadanos colombianos el libreto que debían seguir ante las preguntas de las autoridades migratorias.
Las investigaciones por la denominada ‘Ruta de Oro’ continúan.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/JCBG/DECVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
