La organización ilegal se habría apropiado de algo más de 3.088 millones de pesos. La mayoría de las víctimas acreditadas están en la Costa Atlántica.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de una red delictiva señalada de suplantar personas para realizar fraude bancario y hurtos por medios informáticos en Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico) y otras ciudades del norte del país.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios Informáticos y violación de datos personales, cargos que no fueron aceptados.
Los elementos de prueba indican que los hoy procesados cumplirían diferentes roles. Algunos, conocidos como reclutadores, serían los encargados de contactar ciudadanos y pagarles 100.000 pesos para que les entregaran datos personales, huellas y fotografías para solicitar la apertura de cuentas corrientes.
Otros son señalados de tomar control de los productos financieros y usarlos para respaldar la supuesta creación de establecimientos de comercio. De esta manera tramitaban la entrega de datáfonos con el pretexto de facilitar las transacciones de sus aparentes clientes.
Finalmente, un grupo que estaría conformado por algunos trabajadores de diferentes bancos presuntamente hacía uso fraudulento de las bases de datos y cargaba tarjetas de crédito a los usuarios del sistema financiero. Los plásticos generados eran utilizados en los datáfonos adquiridos por la estructura delictiva para realizar compras y movimientos de dineros, que las víctimas tardaban en detectar.
A través de este andamiaje criminal la red se habría apropiado de algo más de 3.088 millones de pesos.
LKSC/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
