Ante una juez penal de Bogotá con función de control de garantías, el Fiscal 3 delegado ante la Corte Suprema de Justicia pidió medida de aseguramiento de detención intramuros en contra del Exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas y el Procurador 84 Judicial Administrativo, Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, investigados por participar en el llamado carrusel de la contratación en la capital del país.

El fiscal del caso indicó en audiencia pública que por representar un peligro para la comunidad, por obstruir la justicia por intento de soborno a funcionarios judiciales, por su posible no comparecencia y abandono del país, la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace necesaria, en contra de los dos procesados.

Igualmente expresó que su despacho demostró claramente que la medida es procedente, ya que hay inferencia razonable para considerar que los imputados  son responsables de los hechos que se les endilgó.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría apoyó la petición del fiscal del caso, manifestando que por la actuación de los procesados, la única medida que se debe imponer, es la intramuros.

El Exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por los delitos de  interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado.

Entre tanto, contra del Procurador 84 Judicial Administrativo, el fiscal endilgó cargos por enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar y ofrecer, los cuales no aceptó.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el exgobernador, para el año 2009, pagó un soborno de 800 millones de pesos con el propósito de lograr un contrato de la Unidad de Mantenimiento Vial, a través del contrato 192, que tenía un valor aproximado a los 24 mil millones de pesos.

El dinero entregado sería orientado al pago de coimas para los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y Orlando Parada.

En otra investigación que adelantó la Fiscalía se estableció que Cruz Vargas, su esposa  Soraida Rozo y el procurador  Jovel Muñoz realizaron un acuerdo ilícito, en el cual  tanto el exgobernador como su esposa fueron engañados por el procurador.

Se conoció que Álvaro Cruz hizo entrega de 2 mil millones de pesos al procurador  Muñoz, quien se había comprometido a realizar una gestión ante la Fiscalía, para evitar que un proceso en contra del mandatario seccional continuara su curso.

Jovel Muñoz y el exgobernador de Cundinamarca fueron denunciados por el abogado Augusto Ramírez Cuellar, quien era el intermediario para llegar hasta un alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación, el cual se encargaría de cesar la persecución penal.

Ante la mala repartición del dinero, donde el procurador solo entrego 750 millones de pesos al abogado, de los  2 mil millones que entregó el exgobernador, el abogado se presentó ante la Fiscalía y denunció la acción ilegal de los dos imputados, iniciándose de inmediato la investigación.

En la audiencia de medida de aseguramiento, la juez escuchó a cada una de las partes, citando de nuevo para este martes, 6 de octubre, cuando dará a conocer su posición sobre la petición de la Fiscalia General de la Nación.

 

ANM/DLBM