Ante el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía pidió que sea condenado el mayor de la Policía Héctor Edison Castro Corredor como autor del delito de homicidio agravado y secuestro agravado de siete miembros del frente Antonio Nariño, de las FARC.

Los hechos materia de investigación ocurrieron en septiembre de 1996. En esa época fueron hallados los cuerpos de Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, quienes habían sido muertos y posteriormente incinerados con llantas para no ser reconocidos. Los cuerpos aparecieron en el sector Mondoñedo, al suroccidente de Bogota.

Asimismo, ocurrieron las muertes de Federico Quesada y Martín Alfonso Valdivieso Barrera, quienes fueron asesinados mediante disparos de arma de fuego en las localidades de Kennedy y Fontibón. Todos ellos estaban vinculados a la red urbana del frente Antonio Nariño, de las FARC.

Se conoció que las víctimas salieron de sus lugares de residencia para asistir a una reunión en la que analizarían lo relacionado con su seguridad personal, pues aseguraban que los seguían miembros de los aparatos de seguridad del Estado y presumían que alguien atentaría contra sus vidas, tal como en efecto sucedió.

Durante la diligencia, el fiscal del caso presentó varios argumentos y pruebas que comprobarían la responsabilidad del entonces teniente Castro Corredor. Según los resultados de la investigación, para esa época, el oficial tenía bajo su responsabilidad el grupo dedicado a la búsqueda de subversivos en la Dijin y era él quien desde 1995 tenía conocimiento sobre la investigación adelantada por el atentado a la Estación de Kennedy, que incluyó la identificación e individualización de los insurgentes de la red urbana de las FARC, a la cual pertenecían las víctimas.

Entre las pruebas presentados por el ente acusador se encuentra el testimonio de William Nicolás Chitiva Gonzalez, uno de los uniformados de la Dijin implicados en el caso, quien reveló detalles de cómo el grupo llamado Blanco Subversivo, de la Dijin, tenía una informante que pertenecía a la agrupación ilegal y cómo realizaron seguimientos a otros miembros de la misma guerrilla.

Asimismo, aseguró que, aunque él no participó en los hechos, si conoció de parte de sus autores lo ocurrido y que ellos admitieron haber cometido el múltiple homicidio.

El ente acusador recordó que con las declaraciones rendidas en 2001 por Chitiva Gonzalez y otro testigo llamado Alfonso Mora León se logró, entre otras pruebas, la condena de José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferleín Alfonso Pineda a 40 años de prisión y multa de 1200 salarios mínimos legales vigentes como autores de las conductas delictivas de secuestro y homicidio agravado. Incluso, aseguró el Fiscal, el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia les dio plena credibilidad. Luego de estas declaraciones, William Nicolás Chitiva González y dos de sus hijos fueron asesinados en Cúcuta y Bogotá.