Los predios afectados están ubicados en Putumayo y Valle del Cauca. El señalado propietario está a la espera de que se surtan los trámites de extradición a Estados Unidos.

 

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre dos inmuebles rurales y uno urbano, que pertenecerían a James Eduardo Lara Rojas, alias James Lara, un señalado integrante de la estructura criminal ‘Los Rastrojos’.

Los predios afectados, avaluados preliminarmente en 1.372 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas por investigadores del CTI de la Fiscalía en Jamundí (Valle del Cauca), y San Miguel y Valle del Guamuez (Putumayo). Los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía indican que habrían sido adquiridos con dineros provenientes de la producción, comercialización y salida de estupefacientes.

James Eduardo Lara Rojas fue capturado en junio de 2021, y permanece privado de la libertad en un centro carcelario a la espera de que se surtan los trámites de una solicitud de extradición que pesa en su contra. Una Corte del Distrito Sur de La Florida lo señala de hacer parte de una red de narcotráfico que habría enviado varias toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Los bienes ocupados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales para su administración.

Esta información se publica por razones de interés general.

MAGA/JARG/JDGO/LPDS/DEEDD/MRC/

La Fiscalía habla con resultados.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.