Las medidas cautelares afectan inmuebles rurales y urbanos, vehículos y una sociedad, que preliminarmente superan los 7.624 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre bienes que pertenecerían al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros.
Se trata de 11 inmuebles urbanos y 2 rurales y 10 vehículos ubicados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá. Los cálculos preliminares dan cuenta de que los activos ascenderían en valor a 7.624 millones de pesos.
Estas acciones de la Fiscalía, apoyadas por el Ejército Nacional, buscan afectar el patrimonio del exmandatario, quien es investigado y permanece privado de la libertad en centro carcelario como presunto responsable de múltiples irregularidades de contratación durante los dos periodos en los que se desempeñó como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – 2021).
Según la investigación, Castillo Cisneros le habría entregado parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, a cambio de recibir apoyo político en varios municipios.
Por estos hechos, fue imputado por los delitos de financiación del terrorismo; y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.
Las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/MLRS/LPDS/DEEDD.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
