Las propiedades afectadas están ubicadas en Bogotá, Casanare, Boyacá, Tolima, Huila y Atlántico.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, y con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, ocupó 28 bienes que harían parte del patrimonio ilegal de ‘Los Ingenieros’ y ‘Los Exploradores’, dos estructuras delictivas señaladas de apoderamiento ilegal de hidrocarburos.
Se trata de 15 inmuebles urbanos y 2 rurales, 4 vehículos, 3 sociedades y 4 establecimientos de comercio, avaluados en cerca de 10.000 millones de pesos.
Las propiedades están ubicadas en Aguazul (Casanare), Páez (Boyacá), Lérida (Tolima), Neiva (Huila), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá. De acuerdo con los elementos de prueba, al parecer, fueron adquiridas o estuvieron al servicio de las redes dedicadas a hurtar miles de barriles de petróleo en Putumayo y Casanare.
‘Los Ingenieros’ y ‘Los Exploradores’, presuntamente, instalaban válvulas en los oleoductos y desviaban el crudo a carrotanques, que lo trasladaban a parqueaderos en Neiva. Desde este punto se enviaba por vía terrestre a Barranquilla, donde se procesaba y coordinaba la comercialización clandestina a distintas ciudades del país.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CC/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
