En desarrollo de la estrategia Argenta, liderada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 65 bienes avaluados en 50.000 millones de pesos.
Se trata de 39 predios rurales, 8 urbanos y 18 vehículos ubicados en los municipios de Puerto Berrío, Sonsón y Puerto Nare (Antioquia).
Las acciones, adelantadas de manera articulada con la Dijin de la Policía Nacional, permitieron establecer que estos activos, al parecer, fueron permeados por dineros producto de la actividad ilícita que desarrolló el excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; Oliverio Isaza Gómez, alias Terror; hijo del desmovilizado jefe paramilitar, Ramón Isaza.
La investigación permitió establecer que como dueños de los predios figuran familiares cercanos de Oliverio Isaza y terceros que no registran soportes contables o financieros que permitan demostrar el origen de los recursos con los que fueron adquirieron. Estas personas habrían prestado sus nombres para evadir la acción que sobre los activos pudieran ejercer las autoridades.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes cobijados con medidas cautelares.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/AGB/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
