Las propiedades afectadas, cuyo avalúo supera los 3.500 millones de pesos, están ubicadas en las localidades de Santafé y Kennedy, en Bogotá.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre ocho bienes que habrían sido destinados por las redes delincuenciales ‘Las Arandias’ y ‘Los Coteros’ para la trata de personas y la explotación sexual con fines comerciales.
Se trata de una sociedad, dos establecimientos de comercio y cinco inmuebles ubicados en las localidades de Santa Fe y Kennedy, en el centro y el suroccidente de Bogotá.
El trabajo investigativo del CTI y de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió establecer que ‘Los Coteros’, al parecer, dispusieron de un local en Kennedy para someter a mujeres a tratos crueles e indignos. Las víctimas, presuntamente, eran obligadas a sostener relaciones íntimas durante largas jornadas, y amenazadas con quedarse sin alimentación o recibir multas si no accedían a los propósitos sexuales de otras personas.
Respecto a ‘Las Arandias’, la Fiscalía constató que tendrían a su servicio cuatro inmuebles, una sociedad y un establecimiento de comercio en la localidad de Santa Fe, los cuales eran usados para explotar sexualmente con fines comerciales a varias menores de edad extranjeras, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 18 años. Esta organización, supuestamente, falsificaba documentos de identidad de las adolescentes para hacerlas pasar como mayores de edad.
Los bienes ocupados, avaluados preliminarmente en más de 3.500 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/MLU/JARG/LPDS/DEEDD.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
