Los predios afectados con medidas cautelares están ubicados en Boyacá, Santander y Bogotá y su valor supera los 8.630 millones de pesos.
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 22 predios rurales, 13 urbanos, 1 sociedad y 12 establecimientos de comercio.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apoyados por el Ejército Nacional, permitieron ocupar los activos ubicados en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y en Bogotá. El valor supera los 8.630 millones de pesos.
Labores de policía judicial evidenciaron que los activos afectados pertenecen a 32 personas que, de manera independiente, se dedicaban al procesamiento de pieles para elaborar distintos productos que luego serían comercializados.
La investigación determinó que los dueños de los predios, quienes ya fueron judicializados, no cumplieron las normas ambientales generando vertimientos de químicos que contaminaron el río Bogotá.
Estos activos serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/AAPB/LPDS/DEEDD/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
