Las propiedades están ubicadas en el sur y suroccidente de Bogotá. Preliminarmente, están avaluadas en más de 10.000 millones de pesos.
El trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió identificar 20 bienes que habrían estado al servicio de las redes delictivas dedicadas a la falsificación y alteración de medicamentos y bebidas energizantes.
Se trata de 16 inmuebles urbanos y 4 establecimientos de comercio ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, Kennedy, Tunjuelito, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda, en Bogotá.
Los elementos de prueba indican que desde 2018, distintas personas habrían usado estas propiedades para falsificar indiscriminadamente medicamentos con cemento blanco, ácido bórico y anilinas; alterar su presentación o composición, y ponerlos a la venta en droguerías como tratamientos para el cáncer y otras enfermedades.
En diligencias de registro y allanamiento las autoridades encontraron en estos lugares pipetas de oxígeno, máquinas, sellos de seguridad, tapas, empaques, estampillas, etiquetas y otros elementos utilizados para modificar fechas de vencimiento y lotes de fabricación de los productos; además cambiar su apariencia y comercializarlos como auténticos.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los bienes medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de dichos predios.
MAGA/JIC/DEEDD/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
