Las propiedades afectadas están ubicadas en Putumayo y ascienden en valor a 2.800 millones de pesos.
La Fiscalía General del Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 4 establecimientos de comercio, 36 vehículos y 1 inmueble que pertenecerían a una red delincuencial señalada de emitir irregularmente certificados de conducción.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 2.800 millones de pesos, están ubicadas en Puerto Asís, Mocoa, Villa Garzón y Valle del Guamuez (Putumayo).
Los elementos de prueba indican que la organización ilegal afectada constituyó una academia de conducción en Putumayo con un patrimonio que no superaba los 7 millones de pesos en 2013. Sin embargo, seis años más tarde reportaba activos por más de 1.860 millones de pesos, representados en sedes en diferentes municipios Putumayo.
En el curso de la investigación se estableció que la institución certificaba como aptas para conducir a personas que no realizaban los estudios respectivos ni asistían a las clases teóricas y prácticas. Asimismo, eran falsificadas huellas digitales, suplantadas identidades y adulterados documentos públicos para facilitar la expedición de las licencias de conducción.
Por estos hechos, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 12 personas, quienes están vinculadas formalmente por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, acceso a sistema informativo y enriquecimiento ilícito de particulares.
Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
