Las propiedades afectadas superarían en valor los 1.500 millones de pesos y habrían sido adquiridas con dineros producto del tráfico de estupefacientes.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cinco inmuebles urbanos y tres establecimientos de comercio, que pertenecerían a la organización delincuencial conocida como ‘Los del Sur’, señalada de abastecer de estupefacientes a los expendios y las denominadas plazas de vicio en Cundinamarca y Tolima.

Los bienes, avaluados en más de 1.500 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas en articulación con la SIJIN de la Policía Nacional en Santander de Quilichao (Cauca), Ibagué (Tolima) y Girardot (Cundinamarca).

Los elementos de prueba dan cuenta de que las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto del actuar ilegal de ‘Los del Sur’. Esta organización, al parecer, obtenía los cargamentos de cocaína y marihuana en Cauca, los camuflaba en vehículos de carga y buses intermunicipales, y los trasladaba por vía terrestre al interior del país, donde se coordinaba su distribución.

En casi cuatro años, la Fiscalía ha logrado la captura y judicialización de, por lo menos, 30 señalados integrantes de este grupo delictivo.

Los inmuebles y establecimientos afectados con fines de extinción de dominio quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

LAGP/JARG/LPD/DEDEDD/MRC.

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.