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Fiscalía obtuvo sentencia de 20 años de prisión contra el responsable de un triple homicidio en Cúcuta

Tras avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Carlos Javier Tamayo Alba, alias Javi; debidamente presentado por su abogado; un juez penal del circuito de Cúcuta (Norte de Santander) decidió condenarlo a 20 años y 6 meses de prisión como responsable de, al menos, tres homicidios ocurridos en la capital nortesantandereana.

Las pruebas recolectadas demostraron que alias Javi era el responsable de tres asesinatos ocurridos en junio, julio y noviembre de 2022. Los hechos se presentaron en los barrios Atalaya y Torres de Ciudad Rodeo de zona metropolitana de Cúcuta.

Javier Tamayo Alba, alias Javi, al momento de su captura en noviembre de 2022 por homicidio y otras conductas

Uno de los casos investigados fue el homicidio de Édgar Omar Ayala Pinto, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Rodeo. Durante el ataque contra el líder social su hijo de 19 años resultó herido. Estos hechos sucedieron el 8 de noviembre de 2022 cuando la víctima llegaba a su casa y fue atacada con arma de fuego.

Declaraciones, entrevistas, reconocimientos fotográficos y análisis de videos permitieron identificar a Tamayo Alva como el autor del crimen. El hombre fue capturado mediante orden judicial en noviembre de 2022.

Tamayo Alba aceptó voluntariamente su responsabilidad en los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Las tres conductas agravadas.

 

 

MPHA/AMCJ/MAGA/EDBC/DSNS

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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