Entre los procesados se encuentran un adulto mayor y la madre de la menor.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un adulto de 65 años y una mujer de 49, que estarían involucrados en la agresión sexual contra una niña de 10 años. Las dos personas fueron imputadas con el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, cargo que no aceptaron.
La investigación de la fiscalía permitió establecer que la mujer, como madre de la víctima, la habría llevado a un inquilinato en un barrio del Distrito de Aguablanca en Cali (Valle del Cauca) donde permanecían varias trabajadoras sexuales. Se cree que en el lugar la progenitora permitió que la niña fuera sometida a vejámenes por parte del procesado.
Así lo dio a conocer una persona que se encontraba en el lugar, quien afirmó que los ahora procesados se encerraron con la niña en una de las habitaciones donde el hombre, al parecer, le realizó tocamientos a la menor.
Labores de policía judicial evidenciaron que la víctima era llevada allí por su progenitora para que fuera agredida, como una manera de pagar una deuda que tenía con el procesado.
Uniformados de la Policía Nacional, coordinados por un fiscal local de Cali, ingresaron a una de las habitaciones y capturaron a la mujer y el adulto mayor en flagrancia. La menor fue rescatada para el restablecimiento de sus derechos.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los dos investigados, quienes fueron trasladados a la cárcel de Villahermosa en Cali y el pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí.
JGPV/MIZ/DSC/AMCJ/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
