Luego de avalar preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, un juez con funciones de conocimiento de Cúcuta (Norte de Santander) condenó a 12 años y 5 meses de prisión a Álvaro Enrique Ibarra Rivera, alias Brujo, por su responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado y hurto calificado agravado.

El material probatorio recopilado por los investigadores del CTI y la Policía Nacional permitieron identificar a Ibarra Rivera, como partícipe en el hurto a una pareja en vía pública del barrio Gramalote del municipio de Villa del Rosario de ese departamento, el 16 de septiembre de 2017.

Se estableció que Ibarra Rivera en compañía de otro hombre interceptó a las víctimas, a quienes amenazó con armas de fuego, para despojarlos de sus pertenencias, entre ellas, dinero en efectivo y joyas. También se evidencio que en el momento de la huida le hurtó la motocicleta a un menor que transitaba por el lugar.

Durante la captura uniformados de la Policía Nacional le incautaron un arma de fuego, un proveedor con capacidad para almacenar 13 cartuchos, 11 cartuchos del mismo calibre, joyas valoradas en $1.600.000 y la motocicleta hurtada.

El hombre permanece recluido en establecimiento carcelario, donde continuará hasta el cumplimiento de la pena impuesta por la judicatura.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

MPHA/MG/JAAL/DSNS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.