Tras acoger los elementos probatorios y evidencia física presentada por un fiscal de la seccional Arauca, un juez con funciones de conocimiento condenó a 34 años y seis meses de prisión a Pablo Martínez Porras, alias Pollo, por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y hurto calificado y agravado.

Los hechos que fueron materia de investigación sucedieron el 21 de marzo de 2013 en el municipio de Saravena (Arauca), donde fallece el patrullero Fabián Andrés Sierra Madrid y resultó herido su compañero Luis Eduardo Gutiérrez Pérez, luego de un ataque con arma de fuego contra la garita de la estación de Policía por el hoy condenado en compañía de otro sujeto.

El hombre fue capturado el mayo de 2013 y presentado ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares y desde entonces se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita (Boyacá).

Asimismo, se obtuvo sentencia en contra Yolfer Eduardo Parada Pacheco, integrante del grupo armado organizado residual Frente Martín Villa, con injerencia en los municipios de Tame y Saravena (Arauca).

En audiencia preparatoria, el procesado aceptó cargos en virtud de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía por el delito de rebelión, por lo que deberá cumplir 5 años y tres meses de prisión.

En la investigación la Fiscalía pudo establecer la participación del procesado entre el 2019 al 2021 en acciones delictivas como exigencias económicas y toma de rehenes.

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

 

 

MPHA/LYBT/HMCR/DSA

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.