La Fiscalía General de la Nación obtuvo cinco condenas que afectan a personas quienes fueron encontradas responsables de participar en delitos que atentan contra la vida en Cali y Candelaria (Valle del Cauca).
Las penas oscilan entre los 12 y 41 años de prisión, y en ninguna se conceden beneficios. En cuatro crímenes los agresores utilizaron armas cortopunzantes, en dos se incurrió en feminicidios, uno de estos, tentado. Asimismo, se juzgaron tres homicidios, dos de estos tentados.
Los sentenciados
Alexánder Quintero Jaramillo, fue condenado a 41 años y 7 meses de prisión como responsable del delito de feminicidio agravado de su compañera sentimental. El crimen ocurrió el 11 de julio de 2016 en el barrio Panamericano del municipio de Candelaria, donde la mujer fue atacada en múltiples oportunidades con un arma cortopunzante. La gravedad de las heridas causó la muerte de la víctima.
Un juez de conocimiento impuso 20 años y 7 meses de prisión a Arley David Paz Castro, alias Adidas, responsable de los delitos de homicidio agravado tentado y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía comprobó que el hombre disparó contra una pareja que se movilizaba en una motocicleta por el barrio Bonilla Aragón de Cali. El hecho dejó gravemente herido al esposo de la parrillera.
En otros casos, el ente acusador probó la responsabilidad de Brayan Stiven Camilo Caicedo, Juan David Gutiérrez Lenis y Freddy Adrián Osorio, sentenciados a 12, 17 y 20 años de prisión, respectivamente. Según sus responsabilidades individuales, la Fiscalía les imputó delitos de homicidio, homicidio agravado tentado y feminicidio agravado tentado.
Las cinco personas deberán purgar la pena en centros penitenciarios, sin que les sea reconocido beneficio alguno. En el caso de Camilo Caicedo, quien aceptó su responsabilidad en la etapa de acusación. Entre tanto, la defensa Freddy Adrián Osorio apeló la condena que le fue impuesta.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
