En el curso del proceso se acreditó un direccionamiento indebido del contrato y sobrecostos que superaron los 1.537 millones de pesos.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados en juicio por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio en contra del exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco; y lo declaró responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los hechos que motivaron la decisión ocurrieron durante el primer periodo en el que ejerció como mandatario departamental, entre 2012 y 2015.
La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acreditó cinco irregularidades sustanciales en el trámite y celebración del contrato 1178 de 2015, cuyo objeto era la prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento, por un valor inicial de 17.145 millones de pesos.
En ese sentido, se demostró que el citado contrato fue direccionado para beneficiar a un consorcio específico. La evidencias dan cuenta de que se suscribió pasando por alto graves falencias en los estudios previos, pues no se estableció la población a beneficiar ni el número de raciones a entregar. Tampoco fueron priorizados los niños en situación de vulnerabilidad, ni se establecieron dietas ni complementos alimenticios para los estudiantes.
De otra parte, se estableció que el presupuesto oficial no se ajustó a las necesidades contractuales ni a los precios del mercado, por lo que se generaron sobrecostos por 1.537 millones de pesos, en favor del contratista.
La condena en contra del exgobernador se conocerá el próximo 18 de marzo.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/GRJD/UFDCSJ/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
