Fue declarado responsable de los delitos de concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego, por exigir dinero por intervenir y evitar decisiones en contra de un aforado investigado por hechos de corrupción.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que el exmagistrado Tarquino Gallego se reunió en cuatro oportunidades con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para discutir asuntos relacionados con las indagaciones que se seguían por irregularidades de contratación en el departamento y la posible participación en el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.
Los encuentros se cumplieron entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá. En uno de estos, el hoy procesado solicitó 60 millones de pesos para tener acercamientos con personas que podrían conocer detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario.
En la cuarta y última reunión el señor Tarquino Gallego le indicó al exgobernador que la situación judicial que enfrentaba era crítica y le pidió 20.000 millones de pesos para garantizar la mediación del entonces magistrado José Leonidas Bustos Ramírez, quien podría impedir actuaciones en su contra porque, presuntamente, tenía contactos directos con las instancias que indagaban a Lyons Muskus.
Por esta intervención ilegal, Camilo Humberto Tarquino Gallego fue declarado responsable de los delitos de concusión como interviniente y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de autor.
Esta información se publica por razones de interés general
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/LMFO/GRJD/UFDCSJ/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
