Los recursos ilícitos tenían como destino el patrimonio de su primo, el excongresista Bernardo Miguel Elías Vidal. 

La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que Básima Patricia Elías Nader transportó y custodió recursos que la constructora Odebrecht destinó para el pago de sobornos. En ese sentido, una juez especializada de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en su contra por el delito de lavado de activos. 

Las pruebas recopiladas evidenciaron que, durante el primer semestre de 2014, la señora Elías Náder recibió en tres momentos distintos dineros que la multinacional brasileña se comprometió a entregar al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal por intervenir y garantizar estabilidad jurídica y mejores condiciones económicas para Odebrecht con la adjudicación del tramo Ocaña – Gamarra, el cual fue adicionado al contrato ‘Ruta del Sol II’. 

En el curso de la investigación se acreditó que la constructora, mediante diferentes maniobras financieras, le hizo llegar a Otto Nicolás Bula Bula diversas sumas para cubrir el pago de dádivas a funcionarios. A su vez, esta persona le envió 1.280 millones de pesos en efectivo a la hoy procesada para que se los entregara a su primo, el exsenador Elías Vidal. 

Para la Fiscalía, Básima Patricia Elías Náder tenía pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos y de manera consciente los recibió, resguardó y les dio tránsito. 

En los próximos días la juez dará a conocer la condena. 

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

JARG/GRJD/UFDCSJ/MCRC. 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.