Las propiedades habrían sido puestas a nombre de la esposa del excabecilla del Bloque Norte de las extintas AUC para intentar ocultar su origen ilícito.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, logró que la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) impusiera medidas cautelares sobre tres bienes relacionados con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; y el Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las propiedades, ubicadas en Valledupar (Cesar), habrían sido registradas a nombre de la esposa de ‘Jorge 40’, como parte de una maniobra de ocultamiento del patrimonio ilícito.
Entre los inmuebles afectados está la finca El Mamón, que tiene una extensión de 150 hectáreas. El predio, avaluado en más de 2.673 millones de pesos, sirvió de centro de entrenamiento para las estructuras paramilitares que delinquieron en esa zona del país. Así lo demostró la Fiscalía y quedó acreditado en la condena contra Salvatore Mancuso Gómez y 11 postulados más, emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el 20 de noviembre de 2014.
Los otros dos predios son urbanos y superan en valor los 2.120 millones de pesos.
La labor investigativa realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional permitió establecer que los mencionados bienes, al parecer, fueron adquiridos con dineros producto de las actividades ilegales del Bloque Norte de las AUC. En este sentido, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
En los próximos días la Fiscalía entregará los inmuebles al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMFO/JARG/SSR/DJT/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
