Fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) obtuvieron sentencias condenatorias contra dos hombres que participaron en los crímenes de dos líderes sociales y un firmante de paz, en hechos ocurridos en Antioquia y Valle del Cauca, en 2020 y 2023, respectivamente.
Codena a alias Yeison
Un juez penal de conocimiento condenó a Rodrigo Antonio Méndez Mejía, alias Yeison, cabecilla del grupo armado organizado ‘Los Caparros’, a 20 años de prisión por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Las pruebas obtenidas por la Fiscalía acreditaron que participó en el crimen de Teilor Cruz Gil Mora, segundo delegado de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gloria, perpetrado el 12 de mayo de 2020, en el corregimiento Puerto Bélgica, en Cáceres (Antioquia). Asimismo, está implicado en el asesinato de William Ramiro Montoya García, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Antioquia, en Tarazá (Antioquia), sucedido el 3 de marzo de 2020.
Crimen de firmante de paz
Ante las pruebas recopiladas por la Fiscalía, José Amado Grueso Martínez, alias Feo, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del firmante de paz, Luis Antonio Piedrahita Ramírez, registrado el 30 de abril del 2023, en el barrio Comuneros de Cali (Valle del Cauca).
La víctima fue atacada con un arma traumática y un elemento cortopunzante, y murió en un centro asistencial.
Un juez penal del circuito en Cali avaló la negociación judicial y condenó a alias El Feo a 17 años de prisión, por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Esta información se publica por razones de interés general.
AMCJ/JARG/AAB/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
